La arquitectura legal de las obligaciones de los proveedores de datos bajo 15 U.S.C. §1681s-2(b)

El marco legal que rige la responsabilidad de los proveedores de datos

La Ley de Informe Justo de Crédito (Fair Credit Reporting Act) no impone obligaciones abiertas ni exigibles de forma privada a los proveedores de información del consumidor. En su lugar, el Congreso adoptó un mecanismo de aplicación cuidadosamente estructurado que condiciona la responsabilidad privada a un detonante legal específico y limita las obligaciones exigibles a un contexto definido posterior a la disputa. 

Por ello, comprender la responsabilidad de los proveedores de datos no comienza con la precisión en abstracto (aunque normalmente se considera una condición necesaria para la responsabilidad bajo § 1681s-2(b)), sino con la estructura que el Congreso estableció.

La distinción entre § 1681s-2(a) y § 1681s-2(b)

El estatuto traza una línea clara entre el deber general del proveedor de reportar información y su deber de responder a disputas. La sección 1681s-2(a) regula el suministro de información en primera instancia. Exige exactitud y corrección, pero el Congreso excluyó expresamente la aplicación privada de esos deberes. La aplicación de § 1681s-2(a) está reservada a las autoridades gubernamentales. Esa elección refleja un juicio de política pública: los proveedores no deben estar expuestos a litigios privados simplemente por reportar información que posteriormente resulta ser incorrecta.

El detonante legal de la responsabilidad privada

La aplicación privada entra en el estatuto únicamente en § 1681s-2(b), y solo después de que ocurra una secuencia específica. El texto deja claro que los deberes de § 1681s-2(b) surgen únicamente después de que un consumidor dispute información ante una agencia de informes crediticios conforme a § 1681i y la CRA notifique esa disputa al proveedor de datos. 

El rol de control de las agencias de informes crediticios

Este diseño coloca a la agencia de informes crediticios en un rol obligatorio de control. El Congreso autorizó a las CRAs a filtrar disputas y a rechazar la reinvestigación cuando una disputa es frívola o irrelevante. Los proveedores de datos no reciben una autoridad comparable. El estatuto no permite que los proveedores decidan si una disputa merece ser investigada. Una vez que la CRA transmite la notificación, las obligaciones del proveedor establecidas en § 1681s-2(b)(1)(A)-(E) son obligatorias y no discrecionales.

La naturaleza obligatoria de los deberes del proveedor tras la notificación

El detonante legal es la recepción de una notificación de una CRA indicando que un consumidor disputa la exactitud o integridad de la información suministrada por ese proveedor. El estatuto no prescribe la forma de esa notificación, el nivel de detalle que debe contener ni el método de transmisión. Solo exige que se proporcione la notificación. 

Los deberes impuestos por § 1681s-2(b) surgen al recibir dicha notificación y no antes.

Las obligaciones enumeradas bajo § 1681s-2(b)(1)(A)–(E)

Una vez activadas, § 1681s-2(b)(1) impone un conjunto de obligaciones enumeradas al proveedor de datos. Estos deberes son independientes. El cumplimiento de uno no excusa el incumplimiento de otro. El estatuto no los agrupa en un único requisito generalizado.

La asignación de la carga de verificación al proveedor de datos

Este quinto deber es esencial para la estructura que adoptó el Congreso. El estatuto no exige que el consumidor pruebe la veracidad de su disputa. Tampoco exige que el consumidor verifique la corrección de sus propias afirmaciones. La sección 1681s-2(b)(1)(E) coloca en cambio la obligación directamente sobre la “persona” que suministró la información —es decir, el proveedor— de verificar la exactitud y la integridad de la información que reportó. 

Si el proveedor verifica con éxito la información reportada, necesariamente establece que la disputa del consumidor es infundada. Si no puede hacerlo, el estatuto no permite que el proveedor continúe reportando sobre la base de que el consumidor no haya demostrado lo contrario. Cuando el proveedor carece de registros suficientes para sustentar la afirmación reportada, cuando esos registros son 

• incompletos, 
• inconsistentes, o 
• no disponibles, o cuando 
• la verificación no puede realizarse, 

la continuación del reporte está prohibida. El texto claro asigna así la carga de verificación íntegramente al proveedor una vez que se activa una disputa: el proveedor solo puede continuar suministrando la información disputada verificando afirmativamente que su reporte es correcto. En ausencia de dicha verificación, § 1681s-2(b)(1)(E) exige corrección o eliminación, no la difusión continua de un reporte no probado.

La estructura orientada a resultados de § 1681s-2(b)

La estructura del estatuto confirma esta asignación de responsabilidad. El Congreso exigió que los consumidores inicien disputas a través de agencias de informes crediticios como requisito previo a la responsabilidad del proveedor. Las agencias de informes crediticios, a su vez, tienen discreción para filtrar disputas y rechazar la reinvestigación cuando una disputa es frívola o irrelevante. Los proveedores no reciben ningún rol de control comparable. Una vez que una CRA transmite la notificación, el estatuto impone obligaciones afirmativas al proveedor 

• de investigar, 
• de revisar, 
• de reportar, y 
• de verificar. 

Cuando la verificación no puede lograrse, el estatuto prescribe la consecuencia. No permite continuar reportando en espera de mayor certeza o resolución judicial.

Nada en § 1681s-2(b) condiciona estos deberes a la confianza subjetiva del proveedor en su reporte, ni a la mera existencia de registros internos que repitan la información disputada. El estatuto está orientado a resultados. Exige que se realice una investigación, que se revise la información relevante, que se comuniquen los resultados, que se corrijan las inexactitudes o la falta de integridad en todas las agencias de informes, y que se elimine la información no verificable. Cada obligación opera de manera independiente. 

El incumplimiento de cualquiera de ellas constituye una violación del estatuto.

Los límites temporales de la responsabilidad del proveedor de datos

El estatuto además deja claro que la responsabilidad del proveedor bajo § 1681s-2(b) es estrictamente posterior a la notificación. El Congreso no autorizó la aplicación privada por inexactitudes que ocurran antes de que el proveedor reciba notificación de una disputa por parte de una agencia de informes crediticios. Por lo tanto, los daños recuperables deben ser atribuibles al incumplimiento del proveedor de sus deberes legales después de haber recibido la notificación. Esta limitación temporal refuerza el pacto legal: los proveedores están protegidos de demandas inmediatas, pero solo a condición de que cumplan plenamente con las obligaciones impuestas una vez que se activa el mecanismo de disputa.

El diseño legal y sus consecuencias de aplicación

En conjunto, § 1681s-2(b) establece un régimen estrecho pero obligatorio. Filtra las disputas de los consumidores a través de las agencias de informes crediticios, protege a los proveedores de la aplicación privada en la etapa inicial y luego impone deberes específicos y no discrecionales una vez que se da la notificación. El estatuto exige 

investigación, 

• revisión, 
• reporte, 
• corrección, y 
• verificación

y prohíbe la continuación del reporte de información que no pueda ser sustentada. Eso es lo que el estatuto exige en su texto. Todo lo demás se deriva de esa estructura.