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Consumer Attorneys: puntos de vista legales sobre noticias de consumo

Con más de setenta y cinco años de experiencia combinada en derecho de protección de los consumidores, nuestros abogados ofrecen una visión y perspectiva de las noticias de última hora que afectan a los consumidores de todo el país.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) anunciaron este mes que han emprendido acciones regulatorias comunes contra TransUnion Rental Screening Services (TURSS) por violaciones de la Ley de Informes de Crédito Justos (FCRA). En concreto, TURSS aplicó prácticas de elaboración de informes que incumplían las normas legales de diligencia establecidas para el procesamiento, la elaboración y la investigación de información en el sector de los datos de consumo con fines comerciales, causando perjuicios a los consumidores a los que se denegó injustamente una vivienda.

Las sanciones impuestas a TURSS incluyen daños compensatorios (11 millones de dólares), daños punitivos (4 millones de dólares) y medidas de ejecución que exigen cambios de procedimiento para mejorar la exactitud de los datos en los informes de alquiler. Aunque estas sanciones propuestas no son definitivas hasta que reciban la aprobación de la corte, es una gran victoria para los consumidores y sus defensores.

¿Qué es TURSS y por qué son importantes sus informes?

La mayoría de los consumidores conocen a TransUnion como uno de los burós de crédito, siempre presente detrás de cada transacción financiera importante que un consumidor experimenta en su vida. Junto con Experian y Equifax, la información contenida en los historiales de crédito de TransUnion determina diariamente las oportunidades de empleo, préstamos, vivienda y otras oportunidades en todo el país.

Una filial específica de TransUnion centra su servicio de análisis de crédito en el mercado de alquileres, proporcionando informes de selección de inquilinos utilizando una metodología similar a la empleada para compilar los informes de crédito tradicionales. Este segmento, TURSS, se centra explícitamente en la selección de inquilinos y se basa en algoritmos para recopilar, revisar y compilar datos de consumidores específicamente adaptados al mercado de alquiler. Utilizando un método propio, TURSS transforma el historial crediticio y la puntuación crediticia de un solicitante en una "puntuación de residente".

Con una escala similar, la puntuación de residente de TransUnion oscila entre 350 y 850, recurre a datos de 500.000 registros específicos de residentes y pretende representar la probabilidad de que un consumidor sea un inquilino exitoso. Elementos como los desalojos, la morosidad y el incumplimiento de las obligaciones del contrato de arrendamiento forman parte de la fórmula.

Los informes de selección de antecedentes de inquilinos de TURSS, junto con la Puntuación de Residente calculada, afectan en gran medida al proceso de tomar decisiones sobre alquileres por parte de los propietarios y las empresas de gestión inmobiliaria. De hecho, los datos recopilados en estos informes, incluida la puntuación compuesta del residente, pueden ser, y a menudo son, determinantes.

La CFPB, la FTC y la FCRA: cómo TURSS está reglamentada por la ley

Dado que TURSS es una entidad comercial que opera en el sector de los datos de consumidores, está sujeta a la Ley de Informes de Crédito Justos (FCRA). En virtud de la FCRA, TURSS se considera una agencia de informes de consumidores (CRA) porque compra, recopila y vende datos de consumidores a los arrendadores y a las empresas de gestión inmobiliaria en forma de informes de consumidores.

La FCRA establece derechos legales específicos para los consumidores (en este caso, los inquilinos) en relación con el tratamiento de sus datos. También enumera varias obligaciones clave que deben cumplir las agencias de calificación crediticia al procesar y comunicar estos datos de los consumidores. Lo más importante es que las CRAs, incluida TURSS, deben utilizar protocolos y procedimientos "para asegurar la máxima exactitud posible" de la información que se incluye en un informe.

Además, las CRAs como la TURSS tienen la obligación legal de proporcionar un proceso de disputa para la información errónea, inexacta o engañosa y de investigar y corregir los errores.

La CFPB y la FTC desempeñan papeles diferentes pero complementarios en la regulación del sector de los datos de los consumidores y en la aplicación reglamentaria de las normas legales establecidas en virtud de la FCRA y de otras leyes pertinentes. Uno de los aspectos clave de esta regulación es la vigilancia y el cumplimiento de la norma legal de exactitud exigida por la FCRA.

Fue el incumplimiento de esta norma, junto con la falta de transparencia en el proceso de litigio e investigación, lo que llevó a TURSS a una situación delicada.

¿Cómo incumplió TURSS la FCRA y perjudicó a los consumidores?

Hay dos alegaciones que respaldan esta acción reguladora común. La CFPB y la FTC alegan:

  1. TURSS no cumplió la norma de exactitud en la presentación de informes que la FCRA exige a las agencias de calificación crediticia. Específicamente, TURSS realizó prácticas incorrectas de recopilación, compilación, evaluación y presentación de información precisa sobre desalojos, causando anotaciones inexactas o engañosas en los informes de selección de inquilinos.

    Por ejemplo, TURSS no actualizaba sus búsquedas de registros públicos, resultando en la falta de inclusión de registros completos de desalojos. Esto afectó a los consumidores contra los que se iniciaron acciones de desalojo que finalmente fueron desestimadas. TURSS sólo informaba de la presentación de la demanda, pero no de su desestimación. Además, la TURSS no filtró ni eliminó las entradas inexactas o repetidas.

  2. TURSS no informó de forma completa y precisa a los consumidores de que terceros proveedores proporcionaban datos de desalojos inexactos, engañosos o falsos. Así pues, cuando los consumidores disputaban los datos erróneos sobre desalojos que figuraban en sus informes de selección de inquilinos de TURSS, se les aconsejaba o se les hacía creer que debían corregir los errores directamente con las fuentes municipales (oficinas de registro y tribunales del condado). Sin embargo, en realidad TURSS compraba los datos erróneos a terceros proveedores que realizaban las búsquedas y recopilaciones para las agencias de calificación crediticia, vendiéndoles los datos para incluirlos en los informes.

    Al no ser totalmente transparente durante la fase de investigación y corrección del proceso de litigio, la TURSS impidió que los consumidores pudieran rectificar de forma adecuada y eficaz los errores en su origen. Este incumplimiento esencialmente hizo que los consumidores quedaran atrapados en un círculo vicioso en el que continuamente aparecían datos erróneos en sus informes de selección de inquilinos.

Más multas contra TransUnion

Además de la acción reguladora específica de TURSS, la CFPB y la FTC también anunciaron una sanción concurrente de 8 millones de dólares impuesta a TransUnion (la empresa principal) por violaciones de la FCRA con respecto a la forma en que gestiona la congelación del crédito, el bloqueo de los informes de crédito y otras acciones destinadas a proteger a los consumidores.

La CFPB y la FTC acusan a TransUnion de emplear prácticas inadecuadas en su gestión de estas medidas de protección y de mentir directamente a los consumidores sobre sus prácticas inapropiadas. En concreto, las solicitudes de los consumidores para iniciar y finalizar determinadas protecciones crediticias (como congelaciones y bloqueos) se quedaban en un vacío electrónico de tareas desatendidas, mientras que TransUnion afirmaba priorizar y responder puntualmente a dichas solicitudes. ¡Algunos de los plazos de espera de los consumidores eran largos años!

Junto con esta multa propuesta, cabe interpretar que ahora la FCRA exige la resolución oportuna de estas solicitudes de protección de los consumidores.

Nuestra opinión sobre esta noticia

La CFPB y la FTC están tomando una posición muy necesaria para los consumidores, y nosotros saludamos y aplaudimos la acción.

Las empresas que operan en una economía de consumo desequilibrada que pone el beneficio por encima de las personas le piden que confíe en sus sistemas, ya que generan informes que pueden tener consecuencias que cambian la vida. Pero cuando esos sistemas fallan, su confianza tiene que dirigirse a las leyes federales y estatales que le protegen. Y a los abogados de protección al consumidor que transforman la regulación en acción para nuestros clientes, haciendo cumplir las normas legales y responsabilizando a las agencias de calificación crediticia.

En Consumer Attorneys, este anuncio común de la CFPB y la FTC es una confirmación de lo que vemos, oímos y manejamos cada día. En definitiva, los cálculos de entidades como TURSS son financieros. Para mejorar los protocolos de recopilación y presentación de informes es necesaria una inversión de dinero porque, en general, se entiende que la revisión humana es el mejor método para eliminar los errores en los datos. Esto requeriría más contrataciones, formación y tiempo de respuesta para aumentar los procedimientos de revisión y control de calidad.

Por desgracia, en el cálculo corporativo de costos y beneficios, las demandas individuales de consumidores presentadas por personas perjudicadas por informes erróneos son más rentables que tapar los agujeros del propio sistema. En otras palabras, TURSS y otras agencias de calificación prefieren seguir peleando contra la aplicación de la FCRA de persona a persona que solucionar el problema internamente.

Cuando la CFPB y la FTC indentifican un comportamiento sistemático de incumplimiento flagrante de la normativa destinada a proteger a los consumidores, reconocen que estas grandes entidades corporativas están abusando de su poder y trasladando la carga del daño al consumidor.

Sancionar a TURSS y hacer cumplir la normativa es una respuesta necesaria y bienvenida en un sector en el que abunda el abuso de poder. Es cierto que, en una industria de datos de consumo que genera miles de millones de dólares, 23 millones podrían no ser suficientes para que se produzcan cambios sistémicos en todo el sector. Aun así, es un mensaje de que se espera un cambio real y confirma que la CFPB y la FTC escuchan las quejas de los consumidores y vigilan al sector con atención.

El papel del abogado especializado en protección del consumidor

Los abogados de protección al consumidor centran su práctica en áreas de la ley en las que la explotación y la injusticia se han convertido en problemas sistémicos. Aunque no trabajamos para el gobierno, nuestros esfuerzos por proteger a los consumidores son esenciales para el buen funcionamiento de nuestra economía de consumo.

De hecho, nuestro papel es tan fundamental para el cumplimiento de la normativa que la FCRA incluye disposiciones que otorgan a los consumidores el derecho a presentar demandas contra las CRAs y otros agentes del sector. Y, si la demanda tiene éxito, la FCRA exige a esas empresas que paguen los gastos legales en los que, de otro modo, incurrirían los consumidores al enfrentarse a estas batallas de información de datos. Esto significa que los abogados de protección al consumidor y las demandas que presentamos en su nombre son una parte integrada y esencial del proceso de responsabilidad y justicia que se requiere para proteger sus derechos.

Consumer Attorneys

Como abogados de protección al consumidor y miembros del Centro Nacional de Derecho del Consumidor y de la Asociación Nacional de Defensores del Consumidor, los abogados de nuestro equipo en Consumer Attorneys no son sólo litigantes; también somos defensores. Luchar por una mayor protección legal para los consumidores es uno de nuestros objetivos más importantes.

Llevamos años trabajando directamente con consumidores perjudicados por prácticas de denuncia de dudosa reputación, y sabemos que todo el tiempo se inician acciones de desalojo contra personas por motivos injustos, de represalia o de interés propio por parte del arrendador o de las empresas de gestión de la propiedad. En consecuencia, sabemos que el resultado de una acción de desalojo es fundamental para evaluar su valor, y al no comunicar estos datos (como las acciones desestimadas), la TURSS causó un perjuicio real a los consumidores.

También sabemos que las consecuencias económicas y emocionales de los errores en los informes son enormes y se ven agravadas por prácticas de investigación y resolución de conflictos ineficaces, inadecuadas o de mala calidad.

Hemos ayudado a miles de consumidores a recuperarse de la pesada y abrumadora carga de los errores en los informes de datos, incluidos los que se encuentran en los informes de selección de inquilinos como los proporcionados por TURSS. Y también podemos ayudarle a usted.

Háblenos de su problema con los informes de los consumidores y le daremos una solución legal. Presentes en todo el país, estamos donde nos necesite.

Hay varias formas de ponerse en contacto con nosotros: llámenos al +1 334-abo-gado, envíenos un correo electrónico info@consumerattorneys.com, rellene el formulario de solicitud en línea o utilice la opción de chat virtual para hablar con nosotros hoy mismo. Nuestras consultas son siempre gratuitas, y la FCRA obliga a las empresas a pagar por su representación legal si las demandamos y ganamos. Si no ganamos, no nos pagan.

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