Discriminación automatizada en el acceso a la vivienda: ¿que buscan los arrendadores en las verificaciones de antecedentes?
En los últimos años, la mayoría de los arrendadores y administradores de propiedades utilizan informes automatizados cuando investigan a los posibles inquilinos, pero las inexactitudes y errores en esos informes han impedido injustamente que algunos inquilinos obtengan una vivienda, a veces debido a antecedentes penales que no son suyos.
Los inquilinos son cada vez más víctimas de la discriminación algorítmica por parte de las empresas que elaboran instantáneamente informes para los arrendadores basándose en la información disponible públicamente, como registros de delincuentes sexuales y documentos de los tribunales de vivienda para ayudarles a seleccionar posibles inquilinos.
La selección de inquilinos solía ser una cuestión de verificar los puntajes de crédito y las referencias, pero en los últimos años ha surgido una industria multimillonaria que ofrece a los arrendadores la información detallada sobre la vida de las personas que buscan vivienda, y debido a la falta de supervisión humana y verificación de los hechos, los informes pueden incluir información sobre delitos y desalojos que no pertenecen a los posibles inquilinos por los que están investigando.
Los abogados de Consumer Attorneys pueden ayudar a los inquilinos a enfrentarse a las empresas que han proporcionado información inexacta a los arrendadores, luchar para limpiar sus nombres e incluso ayudarlos a obtener una compensación financiera.
¿En qué consiste una verificación de antecedentes para el alquiler?
Los arrendadores están legalmente autorizados a obtener los registros de crédito de los posibles inquilinos, así como sus antecedentes penales, durante el proceso de selección. Algunas empresas de verificación de antecedentes les brindan evaluaciones codificadas por colores del riesgo de los posibles inquilinos o una calificación de "aprobado o desaprobado" para saber si se les debe dar una vivienda o no.
Y algunos inquilinos a los que se les rechaza un nuevo lugar para vivir a menudo se quedan sin saber la razón exacta de su rechazo.
Algunos inquilinos han sido excluidos de la vivienda porque sus nombres son similares o idénticos a los de personas con largos antecedentes penales, están incluidos en los registros de delincuentes sexuales o se encuentran en los registros de arrestos.
En 2016, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos emitió unas directivas en las que se establecía que, al examinar los antecedentes penales de los posibles inquilinos, los propietarios no solo debían centrarse en el tipo de delitos cometidos, sino en otras circunstancias, como el tiempo transcurrido desde que se cometió el delito, al considerar que centrarse únicamente en los antecedentes penales perjudica de manera desproporcionada a la población afroamericana y de origen latina.
En un caso federal presentado en 2018, una madre de Connecticut alega que su solicitud para trasladar a su hijo discapacitado a su apartamento para poder cuidarlo fue denegada porque fue arrestado por robar en tiendas en 2014. La demanda ha sobrevivido a una moción de desestimación por parte de CoreLogic, la empresa de verificación de antecedentes que elaboró el informe, y está en curso.
Según la Ley de Informe de Crédito Justo, los arrendadores están obligados a informar a los inquilinos si su historial crediticio o antecedentes penales sirvieron de base para denegar sus solicitudes de vivienda, lo que se llama «aviso de acción adversa".
Además, las empresas de verificación de antecedentes tienen 30 días para corregir los informes de los inquilinos si así lo solicitan. Pero para cuando esa fecha se haya cumplido, es probable que los arrendadores hayan recurrido a otro posible inquilino y hayan alquilado su propiedad.
CÓMO PODEMOS AYUDAR
Si a un inquilino se le ha negado la vivienda basándonos en la información errónea que el propietario obtuvo de una verificación de antecedentes automatizada, el equipo de Consumer Attorneys puede ayudar a los clientes para determinar si han sido víctimas de discriminación algorítmica y potencialmente limpiar sus registros para conseguir vivienda y responsabilizar financieramente por daños a las empresas que proporcionaron la información inexacta.
