Investigaciones bajo la FCRA y el Cuarto Circuito: Lo que realmente significa Roberts v. Carter-Young

En concreto, el tribunal examinó si un proveedor de información (furnisher) debe investigar disputas que supuestamente implican desacuerdos legales en lugar de fácticos. La opinión representa un avance importante al rechazar la dicotomía artificial entre “legal” y “fáctico” que algunos tribunales han adoptado, pero plantea preocupaciones interpretativas que merecen una atención cuidadosa, especialmente en lo relativo al lenguaje de la opinión sobre inexactitudes “objetivas y fácilmente verificables”, que podría malinterpretarse como una limitación del mandato claro del texto legal.

Los hechos subyacentes son familiares para cualquier persona que ejerza en el ámbito del derecho del consumidor. 

Shelby Roberts impugnó una deuda de $791.14 incluida en su informe de crédito por parte de una agencia de cobro, Carter-Young, basada en cargos que su arrendador afirmó que debía tras finalizar su contrato de arrendamiento. Al considerar que los cargos eran retaliatorios y fabricados, Roberts presentó disputas ante las agencias de informes crediticios. Estas agencias notificaron a Carter-Young, lo que activó el deber del proveedor de información conforme al § 1681s-2(b) de la FCRA de llevar a cabo una investigación razonable. Pero el único paso que tomó Carter-Young fue pedir al arrendador que confirmara nuevamente la deuda. Tras recibir esa confirmación, Carter-Young simplemente volvió a reportar la deuda como válida. Roberts finalmente demandó bajo la FCRA, alegando que Carter-Young no cumplió con su obligación de realizar una investigación razonable. El tribunal de distrito desestimó la demanda, argumentando que la disputa de Roberts era de naturaleza legal y, por lo tanto, quedaba fuera del alcance de los requisitos de investigación de la FCRA.

Después de todo, muchas disputas —como si se incurrió en una deuda, si se realizó un pago o si un cargo fue retaliatorio o fabricado— tienen elementos tanto fácticos como legales, y por lo tanto siempre pueden enmarcarse creativamente como disputas legales. El tribunal reconoció que los proveedores de información no son tribunales y no deben encargarse de resolver cuestiones legales complejas, pero enfatizó que ciertamente son capaces de verificar hechos básicos o evaluar registros suficientes para determinar si la información reportada puede ser respaldada.

Este alejamiento de la distinción artificial entre lo fáctico y lo legal es digno de reconocimiento. 

Sin embargo, la opinión del tribunal introduce un nuevo estándar que puede malinterpretarse. Al requerir que la inexactitud alegada sea “objetiva y fácilmente verificable”, la opinión corre el riesgo de ser interpretada como que, si un reclamo no es verificable en ese sentido, el proveedor no necesita hacer nada más. Esa interpretación iría directamente en contra del texto literal del § 1681s-2(b)(1)(E), que exige que un proveedor modifique, elimine o bloquee información en disputa que “no pueda ser verificada”.

Además, el concepto de verificabilidad según la FCRA debe entenderse como una protección para el consumidor —no para el proveedor. Un proveedor que decide mantener un elemento en disputa en el informe crediticio de un consumidor tiene la carga de haber verificado esa información y, al hacerlo, debe refutar las alegaciones del consumidor. Eso es lo que significa verificar bajo el § 1681s-2(b): confirmar afirmativamente la exactitud y completitud de la información reportada ante una impugnación documentada del consumidor. Si el proveedor no puede hacerlo —si no puede verificar el elemento con suficiente fiabilidad basada en datos objetivos— no se le permite seguir reportándolo. La ley otorga el beneficio de la duda al consumidor en estas circunstancias, y con razón, dado el impacto significativo de un informe crediticio erróneo. Cualquier interpretación que invierta esa carga —permitiendo al proveedor reportar a menos que el consumidor refute concluyentemente el reclamo— alteraría el diseño claro del estatuto.

La interpretación correcta es más moderada y coherente con el texto legal. 

El estándar de “objetiva y fácilmente verificable” anunciado por el tribunal debe entenderse como un umbral en la etapa de alegación: el demandante debe alegar que la información en disputa es del tipo que, en principio, puede ser razonablemente verificada por el proveedor mediante medios ordinarios —como revisión de registros, verificación cruzada de bases de datos o confirmación con otras fuentes objetivas. Pero si, después de la investigación, el proveedor determina que la información no puede ser verificada, entonces tiene la obligación legal de cesar su reporte. Eso no es una interpretación judicial; es lo que exige el estatuto. La decisión del Cuarto Circuito, correctamente entendida, no —y no puede— derogar ese deber.

Los abogados y proveedores deben tener cuidado de no tratar esta decisión como una excusa para la inacción cuando una disputa no pueda resolverse de manera concluyente. Al contrario, la imposibilidad de verificar un reclamo —tras un esfuerzo razonable— debe considerarse una señal de alerta, no un refugio seguro. Si una deuda es impugnada y el proveedor no puede confirmar su legitimidad mediante los registros o información disponible, la FCRA exige que la deuda sea eliminada. Seguir reportándola en tales circunstancias no solo es una mala práctica —es ilegal.

La decisión en Roberts, por tanto, es un avance positivo en tanto reafirma que los consumidores no están excluidos de protección simplemente porque sus disputas toquen conceptos legales. Pero debe implementarse con atención a la estructura más amplia y el texto de la FCRA. La ley fue diseñada para garantizar que solo información precisa, completa y verificable permanezca en el informe de un consumidor. Cualquier cosa menos —en particular, información que no pueda verificarse— no tiene lugar en un sistema que la ley busca hacer justo.